La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, representa un peligroso paso hacia la erosión de la democracia y el fortalecimiento de un poder autoritario. Bajo el pretexto de una mayor transparencia y rendición de cuentas, esta reforma es, en realidad, un intento burdo de consolidar el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial, debilitando su independencia y convirtiéndolo en un brazo más del poder político.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta reforma es la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular. A primera vista, esto podría parecer un avance democrático; sin embargo, la experiencia internacional demuestra que esta práctica es un camino seguro hacia la politización de la justicia. En países como Bolivia, donde se ha implementado este sistema, los jueces se han vuelto vulnerables a las presiones políticas y económicas, perdiendo su imparcialidad y autonomía. ¿Es esto lo que realmente queremos para México? ¿Un sistema judicial al servicio de los intereses políticos de turno, más que de la justicia?
Además, la propuesta de reducir el número de ministros en la Suprema Corte y de limitar su mandato no solo es una medida innecesaria, sino también peligrosa. Este tipo de cambios estructurales parece diseñado para facilitar la manipulación de la Corte y asegurar que los jueces sean leales al régimen en el poder. La eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, así como el ajuste de sus remuneraciones, no es más que una táctica para debilitar la independencia financiera de quienes deberían ser los guardianes de la Constitución.
La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos designados en parte por el Ejecutivo y el Senado es otro golpe directo a la independencia judicial. Este cambio crearía un mecanismo de control interno que, lejos de mejorar la justicia en México, abriría la puerta a la persecución de jueces que no se alineen con los intereses del poder político. ¿Cómo podemos confiar en un sistema judicial cuya administración está controlada por los mismos actores políticos que deberían ser supervisados?
Finalmente, las nuevas reglas procesales propuestas, que limitan las suspensiones contra leyes en amparos y prohíben la dilatación de procesos fiscales y penales, podrían parecer medidas para agilizar la justicia. No obstante, cuando se mira de cerca, estas medidas son en realidad herramientas que podrían ser utilizadas para silenciar la disidencia y asegurar que las leyes impulsadas por el Ejecutivo no encuentren obstáculos en los tribunales.
La reforma al Poder Judicial que propone López Obrador no es más que un ataque directo a la división de poderes, un principio fundamental en cualquier democracia. Es un intento descarado de centralizar el poder en el Ejecutivo, reduciendo a la justicia a un mero espectador en la consolidación de un régimen autoritario. Si no se detiene esta reforma, México corre el riesgo de seguir los pasos de otros países de la región que, bajo la bandera del "poder popular", han degenerado en dictaduras disfrazadas de democracia. Hay que analizar a conciencia las razones de porque le urge al presidente dejar puesta la mesa en el tema judicial ¿Qué quiere lograr de fondo? ¿A quién o quiénes está asegurándoles impunidad?
Como ciudadanos nos toca ver que reformar el Poder Judicial no erradica nada, solo 0.34% de casos conllevan a detenidos y sanciones, lo que urge realmente observar y mejorar son las fiscalías, las policías y las entidades previas a llegar a un juez. Involucrémonos, la impartición de justicia para todos está en juego, la democracia está en juego.
Analista Político
@israguileramx
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