La jueza Nancy Juárez ordenó el 17 de octubre a la presidenta de México y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar la publicación del decreto de reformas al Poder Judicial. La presidenta dijo que no acatará el mandato judicial. Y la amenaza. Ello implica consecuencias gravísimas, entre ellas, las penales.
El Artículo 262 de la Ley de Amparo dispone: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: … II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra… y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo”.
No solo desacata la presidenta. También la mayoría oficialista en el Senado y en Diputados han ignorado más de 70 suspensiones ordenadas por juzgadores que les impiden seguir con las leyes secundarias derivadas de la reforma. Por juicios de amparo interpuestos por trabajadores, juzgadores, ciudadanos.
La crisis del Estado Constitucional se profundiza por la obsesión obradorista de destruir al poder judicial, violando la Constitución. Si la presidenta y sus legisladores afirman que el amparo no procede, la vía para resolver su desacuerdo no es la desobediencia o desacato, sino el cauce legal: ir a los tribunales y exponer sus alegatos. La presidenta asume una conducta tipificada como delito. E incumple su promesa de “guardar y hacer guardar la Constitución”. Falta al respeto a la división de poderes; evidencia que continuará por la ruta del antecesor de no someterse al control de la ley cuando ésta dificulta su proyecto autoritario; sin temor a las consecuencias. Trastocan la legitimidad, gobernabilidad y antes la representatividad en los poderes públicos. Lastiman más a nuestro precario Estado de Derecho, que en el exterior tiene consecuencias también.
El INE sí ha acatado, de momento, las más de 140 órdenes de suspensión del proceso de elección de juzgadores del país, en espera de resolución de la Corte.
En el Senado vimos una jauría destituyendo a todos los ministros de la Corte, magistrados y jueces federales. Con tómbola grotesca decidieron a quiénes cesar en el 2025 y el resto en 2027. ¿A quiénes el pueblo elegirá? A los candidatos que para cada cargo de ministro solo propongan: la presidenta Sheinbaum, tres; los Senadores dos, los diputados uno y la Corte tres. Para magistrados y jueces, la presidenta propondrá dos, las cámaras uno cada una, la Corte dos. ¡El pueblo votará solo propuestas de Morena! Nadie más tendrá posibilidad de proponer. Controlarán los tres poderes. No habrá división de poderes, ni contrapesos a abusos del partido en el poder. En ningún país el pueblo vota a juzgadores federales, salvo Bolivia.
La destrucción del servicio civil de carrera judicial (implementado desde 1994) topará con las resoluciones próximas de la Suprema Corte. No es la suerte o la popularidad con lo que se conforman juzgadores independientes que puedan contener abusos del poder. Es la capacidad y el mérito, en una carrera judicial bien implementada.
La Revolución Francesa destruyó al absolutismo (El estado soy yo). Creó el Estado Constitucional sobre la piedra angular de los derechos humanos y la separación de poderes. Vino luego el estatuto burocrático, que otros países adoptaron. En cambios de partido en el poder sustituyen pocos cargos; mantienen servidores de carrera civil. En México se intentó el servicio de carrera diplomática y hacendaria; luego la carrera judicial avanzó 30 años; perfectible. Hoy la capacidad y el mérito no importan, sí la obediencia a ciegas. Un regreso al príato, al viejo régimen de partido hegemónico y autoritario.
La Corte es guardiana de nuestros derechos fundamentales y la división de poderes. ¡Pronto!
Analista político
@jalcants
