Durante el actual sexenio, México ha presenciado una nueva etapa en la evolución de su vida democrática. Las manifestaciones, históricamente reprimidas, se consolidan hoy como un medio legítimo de participación ciudadana. Este cambio refleja la creciente madurez de la relación entre el Estado y la sociedad civil, y es un indicador clave del camino hacia una democracia participativa.
Anteriormente, el panorama para las protestas en México era muy distinto. Desde las reformas borbónicas en el siglo XVIII, que buscaban sofocar cualquier forma de disidencia, hasta el periodo del partido hegemónico durante el siglo XX, el Estado vio las manifestaciones como una amenaza al orden establecido. Las encabezadas por estudiantes en 1968 fueron reprimidas con brutalidad y culminaron en la trágica noche del 2 de octubre en Tlatelolco, donde murieron cientos de jóvenes que clamaban por justicia y democratización.
La llegada al poder del Partido Acción Nacional en el año 2000 mantuvo el mismo enfoque respecto a las manifestaciones populares. Una clara muestra de ello fue la represión de las protestas de 2006 en Atenco, Estado de México, donde el uso de la fuerza por parte del Estado resultó en numerosas violaciones a los derechos humanos, muertes y detenciones arbitrarias. Y es posible mencionar muchos más casos de represiones a la libre expresión y manifestación en aquella época.
El presente gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, adoptó una postura distinta. Las manifestaciones, lejos de ser reprimidas, son consideradas una forma legítima de expresión, sin importar su índole o rasgo político. Un ejemplo reciente de esta transformación lo vimos ante las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial (PJ). A pesar de las críticas, la respuesta oficial fue de respeto hacia las opiniones de la sociedad civil, en especial de las y los trabajadores de ese Poder, lo que marca un cambio significativo en la historia de las relaciones entre el Estado y el pueblo.
El presidente ha reiterado de manera enfática que “el pueblo es el único poseedor de la razón y el poder”, idea que subraya la importancia de que las manifestaciones y otras formas de participación ciudadana no solo deben ser toleradas, sino también valoradas como pilares del sistema democrático.
En el contexto de la reforma al PJ, que busca consolidar la democracia en México, el Gobierno impulsa mecanismos de participación ciudadana, además de la creación de un órgano autónomo encargado de la selección de personas juzgadoras. Estas reformas promueven la transparencia, pero además fortalecen la relación entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.
La respuesta pacífica del Gobierno ante las manifestaciones en contra de esta reforma demuestra que es posible abordar la disidencia sin recurrir a la violencia, la represión y el atropello de los derechos de las personas. A pesar de tratarse de la reforma más importante de los últimos años, es complicada, porque sabemos que toca y destierra intereses y viejas prácticas que se venían dando en uno de los tres poderes (el menos abierto a la sociedad) que conforman esta nación. Aun así, las protestas transcurrieron sin incidentes mayores.
El compromiso del actual Gobierno con la democracia participativa y la defensa de los derechos del pueblo sienta las bases para un futuro en el que la participación ciudadana sea un componente central en la toma de decisiones. Solo a través de este camino podremos asegurar que la voluntad del pueblo siga siendo el motor de la transformación para un México más justo, equitativo y democrático.
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