/ viernes 2 de agosto de 2024

Garanticemos el acceso a la justicia

La reforma al Poder Judicial es una necesidad, aunque la quieran hacer parecer como un atentado contra el equilibrio de los poderes, pues la realidad es que incluso el Poder Judicial necesita legitimarse ante una sociedad que ha perdido la confianza a quienes imparten la justicia y la elección popular, a través de la democracia es su oportunidad para lograr esa legitimidad.

En días pasados, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de sus recorridos para informar sobre la verdadera propuesta de reforma al Poder Judicial que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de Morena, hizo escala en Guanajuato capital.

Fue en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato donde la Ministra explicó ante la audiencia que esta reforma busca cuatro objetivos principales:

  • 1.- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal.
  • 2. Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces que dará legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia.
  • 3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal para generar órganos administrativos y disciplinarios independientes.
  • 4. Nuevas reglas procesales, para alcanzar la Justicia expedita y equilibrios entre poderes.

Se busca la reducción del número de ministras y ministros para pasar de 11 a 9 integrantes, además de reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años. Se pretende, además, que las sesiones del pleno sean totalmente públicas.

En la propuesta se contempla la eleminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras; y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

Para la elección popular de las ministras y ministros, se propone que el Poder Ejecutivo, es decir, Presidencia, presente 10 candidaturas; el Poder Legislativo cinco por cada Cámara, es decir, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado, y también el Poder Judicial tendrá oportunidad de proponer hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte.

La sustitución del Consejo de la Judicatura busca crear un Tribunal de Disciplina Judicial que pueda recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, para investigar a Ministros, Magistrados, Jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley incluyendo corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.

Para alcanzar la justicia expedita, se pretende establecer un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora.

Es decir, no es nada que quite el equilibrio de poderes, sino que se mejore la impartición de justicia en nuestro país, por eso respaldamos totalmente a la ministra Lenia Batres Guadarrama que ha tenido que defender esta postura ante las manifestaciones de descontento de trabajadores del Poder Judicial que se empeñan en defender una estructura de impartición de justicia que ante los ojos del pueblo, es muy costosa y poco funcional.

La democracia es sin duda el mejor camino para darle confianza al pueblo sobre quienes nos gobiernan, quienes legislan y también, quienes nos garantizan el acceso a la justicia. Porque somos firmes en que debemos actuar conforme a la máxima juarista que sostiene, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.


Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato

  • @79adrix

La reforma al Poder Judicial es una necesidad, aunque la quieran hacer parecer como un atentado contra el equilibrio de los poderes, pues la realidad es que incluso el Poder Judicial necesita legitimarse ante una sociedad que ha perdido la confianza a quienes imparten la justicia y la elección popular, a través de la democracia es su oportunidad para lograr esa legitimidad.

En días pasados, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de sus recorridos para informar sobre la verdadera propuesta de reforma al Poder Judicial que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de Morena, hizo escala en Guanajuato capital.

Fue en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato donde la Ministra explicó ante la audiencia que esta reforma busca cuatro objetivos principales:

  • 1.- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal.
  • 2. Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces que dará legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia.
  • 3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal para generar órganos administrativos y disciplinarios independientes.
  • 4. Nuevas reglas procesales, para alcanzar la Justicia expedita y equilibrios entre poderes.

Se busca la reducción del número de ministras y ministros para pasar de 11 a 9 integrantes, además de reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años. Se pretende, además, que las sesiones del pleno sean totalmente públicas.

En la propuesta se contempla la eleminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras; y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

Para la elección popular de las ministras y ministros, se propone que el Poder Ejecutivo, es decir, Presidencia, presente 10 candidaturas; el Poder Legislativo cinco por cada Cámara, es decir, cinco la Cámara de Diputados y cinco el Senado, y también el Poder Judicial tendrá oportunidad de proponer hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte.

La sustitución del Consejo de la Judicatura busca crear un Tribunal de Disciplina Judicial que pueda recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, para investigar a Ministros, Magistrados, Jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley incluyendo corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.

Para alcanzar la justicia expedita, se pretende establecer un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora.

Es decir, no es nada que quite el equilibrio de poderes, sino que se mejore la impartición de justicia en nuestro país, por eso respaldamos totalmente a la ministra Lenia Batres Guadarrama que ha tenido que defender esta postura ante las manifestaciones de descontento de trabajadores del Poder Judicial que se empeñan en defender una estructura de impartición de justicia que ante los ojos del pueblo, es muy costosa y poco funcional.

La democracia es sin duda el mejor camino para darle confianza al pueblo sobre quienes nos gobiernan, quienes legislan y también, quienes nos garantizan el acceso a la justicia. Porque somos firmes en que debemos actuar conforme a la máxima juarista que sostiene, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.


Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guanajuato

  • @79adrix