La actual crisis de seguridad pública en Acapulco que en la primera quincena de julio dejó por lo menos 42 asesinatos de los cuales la mayoría fueron cuerpos desmembrados, se perfilaba desde principios del año 2022, tres meses después de que llegaran las nuevas autoridades encabezadas por las morenistas Evelyn Salgado Pineda de gobernadora, y Abelina López Rodríguez como alcaldesa del puerto.
El dato es la evolución de la banda criminal llamada “Los Rusos”, liderada por Carlos Alberto Navarrete Soriano un antiguo operador del clan sinaloense Beltrán Leyva en el puerto, socios del ex suegro de la gobernadora, que en aquel año empezó a expandir su hegemonía frente a sus acérrimos enemigos del autodenominado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Un documento militar, encontrado entre los correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya a la secretaría de la Defensa Nacional, señala que el proceso de crecimiento se debió a que se organizó en dos estructuras. La primera apoyada por “pseudo policías comunitarios” de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), encabezada por Pedro Santos Cruz. La segunda con el reforzamiento de la célula delictiva llamada “los Amarillos”, lidereada por Goven Ulises Chávez Ramírez, identificado como uno de los cabecillas más violentos de “los Rusos”.
El informe señala que Navarrete Soriano, alias “el Ruso”, y Jesús Orlando Rodríguez Soriano apodado “el Gordo”, tienen vínculos con mandos y elementos de la fiscalía general del estado de Guerrero, la secretaría de seguridad pública municipal y policías auxiliares. Con ellos “de manera conjunta, coordinada o con el consentimiento de estos, se llevan a cabo privaciones de la libertad, homicidios, halconeo, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y detenciones”. También “estas autoridades generan confusión, distracción, fuga de información, o líneas de investigación distintas a las reales, a favor de los delincuentes”. El informe identifica a Esteban Maldonado Palacios, quien entonces era coordinador general de la Policía Ministerial de Acapulco, y a Giovanni Mejía Olguín, asesor de quien era secretario de seguridad pública municipal del puerto, como cabezas visibles de “los Rusos” en el gobierno. Maldonado fue exhibido en un video a finales del 2021 junto al entonces fiscal general del estado Jorge Zuriel de los Santos, quien renunció a su cargo tras difundirse las imágenes.
Durante la gestión de Salgado Pineda como gobernadora, la fiscalía y la policía ministerial han sido termómetros para medir el nivel de corrupción y complicidades de las autoridades con la delincuencia organizada. Los documentos militares dejan entrever que poco o nada ha cambiado. La irrupción de células criminales arraigadas en el puerto unidas como franquicia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), origen de la actual ola de violencia, es vista como “fenómeno paralelo” al resultado del pasado proceso electoral, donde la estructura de protección oficial de “los Rusos” quedó “intacta”. Más allá de ser una medida disuasiva el reforzamiento del despliegue de la Guardia Nacional en Acapulco, no resolverá un problema de origen sistémico, donde la autoridad es vista y ha quedado exhibida como parte del problema.
@velediaz424
