Las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial siguen siendo, todo indica, de las mejores del sector público. Por ejemplo, entre marzo y agosto de este año, el Consejo de la Judicatura Federal, que todavía encabeza Norma Piña, tuvo que pagar al menos siete facturas por la asistencia de algunos de sus empleados a un establecimiento denominado “La Buchona”, en Chiapas, mismo que en redes sociales promueve espectáculos tipo “table dance”.

El citado lugar es parte del Grupo Empresarial Baktún, propiedad del empresario José Francisco Echeverría Blanco, desde donde se emitieron al CJF las facturas CFBCCF34-555-4363-8A43-C201BD149C05, AD48341D-448F-415C-93F1-D7BF38E48C4C, FE0F64D3-DFA4-4D5D-869C-D1A25F7369BD, FF3B129D-2D7F-4891-82BC-EBC15EB6AC8C, B1BD33E0-F07C-4CA9-BBA2-383C4C4ADB34, B20FACB4-2F21-4C28-94D1-90784D871A1B, 55988D2C-9981-4EAD-AED4-8CE74A4B1DBE, por un monto de casi 10 mil pesos.

Asimismo, información en poder de este reportero apunta a que el oficial administrativo del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas, Gabriel Abraham Medina Breton, realizó también este año pagos por 300 mil pesos a la mencionada empresa; esto por la renta del local comercial 3-A dentro de la Plaza Baktún, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, de la que Echeverría Blanco es también propietario.

El mencionado empresario es el mismo que hace apenas unas semanas destacó por la difusión del juicio 432/2010, promovido por el susodicho contra Grupo Diestra, la firma dueña del hotel Marriott de Tuxtla Gutiérrez, que colinda con su plaza comercial. Se habló entonces de una marcada cercanía de Echeverría con algunos miembros del Poder Judicial en Chiapas; más específicamente con el magistrado presidente del Tribunal local, Guillermo Ramos Pérez, y con el exmagistrado José Tomás Garrido Muñoz.

El juicio en específico se refiere a un conflicto vecinal por la colindancia de un muro de 35 metros cuadrados entre el hotel y la plaza, por el que a la empresa también propietaria de los hoteles Emporio se le impuso sentencia para pagar 711 mil pesos; luego, de forma irregular, un perito de la Fiscalía Estatal propuso que la multa pasara a los 2 mil 900 millones de pesos, siete veces el valor catastral del Marriott.

El mencionado peritaje fue utilizado por la jueza Ángeles Guadalupe Mendoza para presuntamente tratar de obligar a la compañía que encabeza Jorge Paoli al pago millonario; la sentencia también fue ratificada por los magistrados locales María Itzel Ballinas Barboza, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Horacio Esponda Orantes.

Supuestamente, en medio del procedimiento judicial, la defensa del Grupo Diestra contactó directamente a la jueza Guadalupe Mendoza, quien presuntamente respondió con una disculpa y una confirmación verbal de que no había emitido sentencia alguna, sino que sólo se le pidieron firmar el documento. Varios de los jueces y magistrados involucrados en el tema planean ir a la boleta para competir por un encargo en la nueva dinámica que establece la Reforma al Poder Judicial, falta ver si este asunto no los termina dejando fuera de esa posibilidad. ‎